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La decisión afecta a seis bancos de Bolivia, uno de Paraguay, uno de Colombia y uno de México, al grupo brasileño que opera la Bolsa de Sao Paolo, BMMoodys quiere contrastar los buenos números que tiene la banca boliviana con el riesgo país que tiene Bolivia. En funció n de esta comparación, harán un dictamen sobre la nueva calificación, explicó. Esto no tiene que ver con una caída o decremento de la solvencia del patrimonio de la banca en Bolivia, agregó.

Moody's justificó los movimientos anunciados después de que recientemente alertara a nivel mundial de los vínculos entre las instituciones financieras y el riesgo crediticio de la deuda soberana de los países.

La agencia detalló que las revisiones se centran en el grado de correlación entre la calidad del crédito soberano y los perfiles de determinados emisores cuyas calificaciones están hoy por encima de la que reciben sus respectivos países.

El XXX Encuentro de Corregidores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) decidirá si acepta o no la consulta previa que el Gobierno quiere efectuar en la zona y, en función a la determinación, organizarán la novena marcha indígena, dijo ayer el diputado indígena Pedro Nuni.

En tanto, el presidente de la Subcentral del Tipnis, Fernando Vargas, denunció que los corregidores (máximas autoridades de las comunidades del área protegida) no pueden llegar a la comunidad de Gundonovia, donde debe realizarse desde hoy el encuentro, porque supuestamente el Gobierno instruyó que no se les venda combustible para movilizarse.

Nuni explicó que si se lleva a cabo la consulta previa sin el consentimiento de las comunidades que habitan el territorio, será el argumento para convocar a la novena marcha contra de la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos por el Tipnis.

De no aceptar lo s corregidores la consulta, se sobreentiende que el territorio indígena no quiere la construcción de la carretera. Si se impusiera por la fuerza una consulta que no es de buena fe y que la están haciendo a presión, yo creo que no hay más que iniciar la novena marcha, señaló el asambleísta.

Vargas explicó que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) estarían impidiendo el abastecimiento de combustible a los dirigentes del territorio para que estos no puedan llegar al encuentro de corregidores que se efectuará desde hoy hasta el 17 de marzo.

Siempre la Subcentral ha venido recogiendo los cupos de combustible cuando se quiere realizar una actividad en el Tipnis. Han recibido órdenes para que no se nos otorgue ni una sola gota de gasolina con autorización de sustancias controladas, eso es una falta de respeto, indicó el dirigente.

Los empresarios privados podrían participar de los proyectos financiados por el Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), que será formado con las reservas internacionales, pero con un porcentaje minoritario, dijo ayer el diputado oficialista y presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Marcelo Elio.

El Finpro es básicamente para proyectos del Estado, pero no están marginados ni privados ni cooperativistas. Ellos pueden asociarse con el Estado, con una participación mayoritaria del Estado, para participar de estos fondos y trabajar de manera conjunta en la industrialización de los recursos naturales que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia, dijo ayer Elio al periódico digital Oxígeno.

Cuando se trata de recursos estratégicos, es el Estado que debe tener el papel rector (). Vamos a recibir propuestas, proyectos (de los empresarios privados), pero en asociación con el Estado naturalmente, añadió.

El diputado y jefe de bancada de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, rechazó la amenaza de una querella por las denuncias que efectuó sobre irregularidades en el Programa de Vivienda Social (PVS) en Cochabamba y dijo que las acusaciones fueron realizadas en el marco de sus atribuciones de control y fiscalización.

El martes, el coordinador general del PVS, Alfonso Parrado, anunció que hoy presentará la demanda penal contra Navarro, a quien acusa de haber difamado sólo para desprestigiar el proyecto gubernamental.

El legislador de UN ratificó sus denuncias y dijo que no cree que la comisión formada por cuatro asambleístas oficialistas y uno de oposición haya verificado que existen más de 1.000 viviendas terminadas y entregadas a los beneficiaros en Cochabamba.

En tanto, el abogado constitucionalista José Antonio Rivera indicó que el funcionario del PVS no puede iniciar una querella a Navarro porque estaría infringiendo la Constitución Política del Estad o (CPE).

El Artículo 151 de la CPE establece fuero constitucional de la inviolabilidad. Es una garantía que otorga la CPE a la independencia del Órgano Legislativo para el desempeño de funciones con relación a los otros órganos sobre cuyas labores ejerce fiscalización, explicó.

Rivera agregó que ningún diputado ni senador puede ser objeto de persecución por las opiniones, comentarios, interpelaciones, fiscalización y peticiones de informe que realice en el desempeño de su labor específica del control y fiscalización.

Una comisión de asambleístas y de la oficina regional del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU) tenía previsto concluir ayer una inspección a varios municipios cochabambinos para verificar la situación de las viviendas.

Villca, s in embargo, admitió que hay proyectos interrumpidos por problemas leg ales con las empresas constructoras, como las casas que iban a ser construidas en Arani y Punata y que, según comprobó Los Tiempos, fueron abandonadas desde hace unos cuatro años, algunas con sólo cimientos.

El Consejo Indígena del Sur (Conisur), afín al Gobierno y promotor de la Ley 222 de Consulta Previa en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), dijo que al menos 50 comunidades de las 63 que habitan en la zona protegida aceptan la aplicación de esa norma.

El cacique mayor del Conisur, Gumercindo Pradel, y el corregidor de la comunidad Secejsama yuracaré, Diego Eladio Roca, informaron ayer un total de cinco comisiones de su organización indígena socializa los contenidos y alcances tanto de la Ley 222 como de la Ley 180 de Protección del Tipnis, con excelentes resultados.

Pradel señaló que sólo resta conocer el criterio de algunas comunidades y el resto ya dio su consentimiento para llevar adelante la consulta previa para decidir si acepta o no la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos y hasta dónde es intangible el parque.

Los datos del Conisur contrastan con los de la Subcentral del Tipnis propietaria legal de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) y de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) que tras ingresar a la zona señalaron que la mayoría de las comunidades se ratifica en la decisión de no permitir que la carretera a Beni atraviese su territorio.

Pradel y Roca, que hicieron declaraciones ayer en Cochabamba, señalaron que los dirigentes de las 13 comunidades del Conisur fueron ignorados y excluidos del XXX Encuentro de Corregidores del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure, convocado por la Subcentral del Tipnis desde mañana hasta el sábado 17 de marzo en la comunidad de Gundonovia.

Pradel, líder de la marcha pro carretera que llegó a La Paz en enero pasado para exigir la construcción, manifestó que r espetan la decisión de la Subcentral del Tipnis de convocar al Encuen tro de Corregidores.

Sin embargo, observó que organizaciones indígenas y no indígenas, ajenas al territorio participen en un espacio de decisión exclusivo de los corregidores del Tipnis, en referencia a representantes de la Cidob.

La Cámara de Diputados aprobó ayer en detalle el proyecto de ley del "Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro)", que establece la utilización de 1.200 millones de dólares de las Reservas Internacionales Netas (RIN) para proyectos de industrialización.

El proyecto autoriza la transferencia no reembolsable de 600 millones de dólares de las reservas internacionales y crédito de 600 millones de dólares del Banco Central de Bolivia (BCB). "Ha tenido modificaciones, por ejemplo el hecho de que los 1.200 millones de dólares, que se había planteado se divide en un fondo fiduciario y en un fondo de crédito", dijo el diputado Juan Luis Gantier (PPB-CN).

Según explicó, el fondo fiduciario no paga interés, es "un fondo capital", mientras que el otro fondo son recursos de crédito que deben ser "manejados por la entidad fiduciaria que maneje el fideicomiso y los recursos que tengan el Finpro".

La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales, declaró ayer que fue irresponsable aprobar el Decreto Supremo 29874 de diciembre de 2008, que crea la Empresa Pública Nacional Estratégica Azucarbol en base a un supuesto técnico equivocado que indicaba excedentes en la producción de caña de azúcar en la zona de Bermejo.

Ante la pregunta de la periodista de Erbol sobre la irresponsabilidad por la aprobación del decreto de 2008, la Ministra respondió: Sí, efectivamente, admitiendo fallas técnicas en la elaboración del proyecto azucarero y explicó que al conocer la falta, ordenó una investigación para identificar y sancionar a quienes hicieron equivocar la decisión gubernamental.

He ordenado una auditoría a quienes han trabajado las licitaciones. Entiend o que el Ministerio de Transparencia lo ha pasado ya a la Fiscalía para el procesamiento penal, porque efectivamente hay faltas técnicas, sostuvo.

En ese momento efectivamente salía caña a Argentina. Se creía que era caña excedente. Ahí había un detalle que no se contaba, que era el precio, y nuestro Gobierno, convencido de que había caña excedente, nos pusimos (sic) a hacer el ingenio. El supuesto técnico era equivocado porque al querer dimensionar qué tamaño debería tener el ingenio hemos encontrado la mala noticia de que no hay caña excedente, aseveró.

Así, remarcó que es una determinación del Gobierno no construir el ingenio azucarero. Aho ra hemos llegado a la conclusión de que no se puede (construir el ing enio) y les estamos proponiendo otras alternativas a los cañeros, apuntó.